01 julio 2008
La mayoría de arrestos por cultivo de marihuana acaba en absolución
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- Las denuncias vecinales suelen originar casi todas las actuaciones policiales
- Un bufete jurídico ofrece sus servicios a los usuarios de una «tarjeta cannábica»
MANRIQUE C. SÁNCHEZ
EL CÓDIGO PENAL
Artículo 368: Castiga con entre uno y tres años de cárcel a quien cultive o trafique con cannabis sativa, o la posea con esos fines.
Jurisprudencia: La tenencia de menos de tres plantas en un domicilio particular no suele desencadenar actuaciones policiales. Un consumidor puede hacer acopio de hasta 120 gramos de marihuana.
La mayoría de detenciones efectuadas tras la aprehensión de pequeñas plantaciones domésticas de marihuana acaba con el archivo de las diligencias penales por parte de los jueces o con sentencias absolutorias tras la celebración del juicio, según coinciden diversas fuentes jurídicas consultadas para la elaboración de esta información.
Existen varias razones que explican esta situación. Quizás, la más importante sea la del resultado del pesaje que suele realizar tras las incautaciones el laboratorio de Sanidad Exterior, dependiente de la Subdelegación del Gobierno, que rebaja enormemente en sus informes la cantidad de sustancia psicoactiva realmente intervenida por las fuerzas de seguridad.
No es infrecuente que la Guardia Civil o la Policía intervengan en una vivienda particular una docena de cannabis sativa, las arranquen y luego las pesen con tallos, raíz e incluso la tierra. El problema es que sólo los cogollos de las plantas hembras son droga, ya que concentran el principio psicoactivo de esta especie: el THC (tetrahidrocannabinol).
De este modo, lo que en un principio se consideraba un kilo de estupefacientes acaba convertido en unos cuantos gramos. Y la jurisprudencia ha establecido reiteradamente que los consumidores de esta droga pueden hacer acopio para su abastecimiento personal de hasta 120 gramos sin que se pueda entender que existe una predisposición al tráfico ilícito. Siempre y cuando no medien otros indicios (empaquetado, balanzas de precisión o actos directos de venta).
Bastantes archivos
«Hay un alto porcentaje de archivo de casos porque la Guardia Civil remite las plantas a Sanidad Exterior, que las pesa y determina con exactitud la cantidad incautada», admite el fiscal antidroga de Alicante, Javier Moltó.
No obstante, el representante del Ministerio Público defiende la intervención de los cuerpos de seguridad si hay constancia de cultivos en una vivienda particular porque esa acción es «un ilícito administrativo».
La legalización de la marihuana y el hachís, sustancias que según la ley no causan grave daño a la salud aunque están perseguidas desde una convención internacional celebrada en Viena de 1961, ha generado un amplio debate social desde hace décadas.
Los cultivos caseros para autoconsumo están ampliamente extendidos en España. Algunas asociaciones favorables a la legalización de la marihuana vierten cientos de consejos legales en Internet destinados a que los consumidores puedan defenderse ante una hipotética detención.
Una de ellas ha ido más lejos y ha llegado a un acuerdo con un bufete nacional de abogados, Fraile y Asociados, para que preste asistencia jurídica a los usuarios de una tarjeta, «cannabica», por el precio de 50 euros anuales. Diversos patrocinadores, entre ellos distribuidores de semillas, que son legales, participan de esa curiosa iniciativa.
Fuente: La Verdad (Alicante)
Relacionada;
Hinchado de las incautaciones: La gran tomadura de pelo de la Guardia Civil
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Artículo 368: Castiga con entre uno y tres años de cárcel a quien cultive o trafique con cannabis sativa, o la posea con esos fines.
Jurisprudencia: La tenencia de menos de tres plantas en un domicilio particular no suele desencadenar actuaciones policiales. Un consumidor puede hacer acopio de hasta 120 gramos de marihuana.
La mayoría de detenciones efectuadas tras la aprehensión de pequeñas plantaciones domésticas de marihuana acaba con el archivo de las diligencias penales por parte de los jueces o con sentencias absolutorias tras la celebración del juicio, según coinciden diversas fuentes jurídicas consultadas para la elaboración de esta información.
Existen varias razones que explican esta situación. Quizás, la más importante sea la del resultado del pesaje que suele realizar tras las incautaciones el laboratorio de Sanidad Exterior, dependiente de la Subdelegación del Gobierno, que rebaja enormemente en sus informes la cantidad de sustancia psicoactiva realmente intervenida por las fuerzas de seguridad.
No es infrecuente que la Guardia Civil o la Policía intervengan en una vivienda particular una docena de cannabis sativa, las arranquen y luego las pesen con tallos, raíz e incluso la tierra. El problema es que sólo los cogollos de las plantas hembras son droga, ya que concentran el principio psicoactivo de esta especie: el THC (tetrahidrocannabinol).
De este modo, lo que en un principio se consideraba un kilo de estupefacientes acaba convertido en unos cuantos gramos. Y la jurisprudencia ha establecido reiteradamente que los consumidores de esta droga pueden hacer acopio para su abastecimiento personal de hasta 120 gramos sin que se pueda entender que existe una predisposición al tráfico ilícito. Siempre y cuando no medien otros indicios (empaquetado, balanzas de precisión o actos directos de venta).
Bastantes archivos
«Hay un alto porcentaje de archivo de casos porque la Guardia Civil remite las plantas a Sanidad Exterior, que las pesa y determina con exactitud la cantidad incautada», admite el fiscal antidroga de Alicante, Javier Moltó.
No obstante, el representante del Ministerio Público defiende la intervención de los cuerpos de seguridad si hay constancia de cultivos en una vivienda particular porque esa acción es «un ilícito administrativo».
La legalización de la marihuana y el hachís, sustancias que según la ley no causan grave daño a la salud aunque están perseguidas desde una convención internacional celebrada en Viena de 1961, ha generado un amplio debate social desde hace décadas.
Los cultivos caseros para autoconsumo están ampliamente extendidos en España. Algunas asociaciones favorables a la legalización de la marihuana vierten cientos de consejos legales en Internet destinados a que los consumidores puedan defenderse ante una hipotética detención.
Una de ellas ha ido más lejos y ha llegado a un acuerdo con un bufete nacional de abogados, Fraile y Asociados, para que preste asistencia jurídica a los usuarios de una tarjeta, «cannabica», por el precio de 50 euros anuales. Diversos patrocinadores, entre ellos distribuidores de semillas, que son legales, participan de esa curiosa iniciativa.
Fuente: La Verdad (Alicante)
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Etiquetas: arbitrariedad policial, cannabis, represion
Enviado por DDAA 15:31